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La semana pasada se dieron a conocer diversas noticias, en fuentes nacionales e internacionales, relacionadas con Codelco. Todas lamentables: 1) Un estudio de la ONU reveló que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre, que alcanzan a US$ 16.000 millones entre 1990 y 2014. 2) Un reportaje de El Mercurio del 20.07.2016 dice que la deuda de Codelco creció en 247% en 11 años. 3) Finalmente, políticos y expertos, en consenso panorámico, llaman al Estado a inyectar mayores recursos en Codelco.
1.- El estudio de la ONU reveló que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países. En Chile alcanzarían la friolera de US$ 16 mil millones entre 1990 y 2014. Este informe de la ONU no es una novedad: desde hace más de 20 años venimos denunciando la subfacturación por parte de las mineras extranjeras. Tales empresas no declaran ni la cantidad real ni el verdadero contenido de cobre, plata, oro y molibdeno de los concentrados que exportan. Esa evasión tributaria ha sido posible –desde 1990 a la fecha– porque no ha existido voluntad política para fiscalizar las exportaciones mineras.
El año 2003, en la Comisión Especial de Tributación Minera del Senado, el Director Nacional de Aduanas de la época, Sr. Raúl Allard, declaró que no podía hacer una mejor fiscalización de las exportaciones mineras porque Aduanas no contaba con los medios técnicos y de personal para hacerlo. En realidad, la falta de personal y medios técnicos en Aduanas, ha sido más bien un objetivo que las mismas transnacionales mineras lograron imponerle a los gobiernos que hemos tenido desde 1990 en adelante. La falta de voluntad política del Estado para fiscalizar las exportaciones mineras es un negocio más que las mineras lograron imponer, es decir que han podido comprar.
Desafortunadamente, la subfacturación no es un comportamiento sistemático y exclusivo de las mineras extranjeras: también ha sido un comportamiento sistemático de Codelco desde el año 2010 a la fecha. Los ingresos por ventas declarados en los resultados anuales son muy inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Al enterarnos de esta subfacturación, el 21 de octubre del 2011 presentamos una denuncia al SII por las pérdidas de Codelco de US$ 4.700 millones en mercados de futuro y otros US$ 4.000 millones en subfacturación en las exportaciones. Dos años después presentamos este mismo tipo de denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado, cuando las pérdidas en subfacturación ya bordeaban los US$ 14.000 millones.
Visto que esas instituciones hicieron oídos sordos a nuestras denuncias, en abril de 2015, junto a la ONG Chile-Cobre, presentamos una querella contra quienes resulten responsables, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por las pérdidas de Codelco en mercados de futuro por US$ 4.700 millones y de US$ 14.000 por subfacturación por ventas, desde el año 2010 a 2014.
En febrero del presente año, la investigación dio un salto cualitativo, pasando a la Fiscalía de Alta Complejidad. Es de esperar que la fiscal designada, Sra. Macarena Cañas, descubra la verdad.
Mucho ayudaría en esta investigación que el estudio de la ONU revelase qué parte de los US$ 16.000 millones de subfacturación en el cobre chileno corresponden a Codelco, y qué parte a las mineras extranjeras. Es de esperar que en el futuro la ONU osará revelar los nombres de las empresas culpables de la subfacturación y los respectivos montos de ella.
2.- La prensa también dio a conocer una información impactante sobre Codelco. Un reportaje de El Mercurio del 20 de julio de 2016, dice que la deuda de Codelco creció en 247% en 11 años, y aporta el detalle de las cifras de endeudamiento año por año, desde el 2004 al 2015 incluido.
La explosión de la deuda la hizo pasar de US$ 3.895 el año 2009 a US$ 13.083 el año 2015, con un aumento de US$ 9.188 en solo 5 años. Al término del gobierno de Sebastián Piñera, el endeudamiento era de US$ 11.075 millones, con un aumento de US$ 7.180 millones en los 4 años de su gobierno.
El considerable aumento del endeudamiento –más de US$ 9 mil millones entre el 2010 y el 2015–, corre paralelamente con las pérdidas por subfacturación que bordean los U$ 15 mil millones.
Estas cifras catastróficas para Codelco y el país, son prácticamente desconocidas por la opinión pública y los propios trabajadores de Codelco. Sin embargo, este descalabro ya lo habíamos pronosticado en el año 2011.
En una columna publicada en diversos diarios electrónicos en abril de 2011 sostuvimos:
“Ya lo habíamos dicho en diversas ocasiones: el Sr. Diego Hernández y otros ex ejecutivos de transnacionales mineras, llegaron a Codelco a cumplir el objetivo que siempre persiguieron: su privatización. Pero como para ello se requiere una reforma constitucional y un quórum que es imposible alcanzar en la actualidad, se recurre entonces a una “gestión preparatoria” o “propiciatoria” de una opinión que vaya en ese sentido. Ello consiste en crear tales dificultades financieras y económicas en la Corporación, que se llegue a la “conclusión” que para salvarla ya no queda otro camino que su privatización en su totalidad, o por partes, como ya se está haciendo con la venta de Edelnor, del yacimiento Inca de Oro, y se preparan las condiciones para la venta de Ventanas, El Salvador y Potrerillos”.
Insistimos en lo mismo en varias columnas posteriores, habida cuenta que ya en abril del año 2010 las transnacionales mineras se apoderaron de la administración de Codelco. Merced a la Ley de gobierno corporativo de la empresa nacional que hizo aprobar Michelle Bachelet en el último año de su anterior mandato. Gracias a esa Ley, al comenzar la presidencia del Sr. Piñera, la administración de Codelco fue ofrecida a ejecutivos venidos directamente de las transnacionales mineras, principalmente de Anglo American y Antofagasta Minerals.
El 2010, Diego Hernández fue designado Presidente Ejecutivo de Codelco, y Thomas Keller Vicepresidente de Administración y Finanzas. En la mayoría de las otras vicepresidencias y gerencias importantes de la Corporación, fueron designados ejecutivos de transnacionales mineras.
Las autoridades de gobierno, parlamentarios de todo el espectro político y hasta el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, se felicitaron de la elección de estos ejecutivos, por su indudable capacidad técnica y experiencia de administración en grandes mineras. Existió un consenso panorámico para considerar que gracias a estos ‘experimentados ejecutivos’ se incrementarían notablemente los resultados de Codelco.
Pese a la ‘calidad’ de esos ejecutivos, pronosticamos que comenzaba la época de las pérdidas para Codelco. Porque teníamos conciencia que el objetivo de la minería privada siempre fue la privatización de Codelco.
Ya en 1975, el Ministro de Hacienda Fernando Léniz presentó a la Junta Militar el primer proyecto de privatización. La Junta Militar rechazó la privatización. Por el contrario, dictó varias leyes para consolidar la Nacionalización, entre ellas el DL 1.350 que creó Codelco, integrando a las 5 empresas nacionalizadas, y el DL 1.530, que destinó el 10% de las ventas de Codelco a la Fuerzas Armadas.
De ahí en adelante la privatización de Codelco sólo podría hacerse por vía constitucional y previa derogación de la atribución del 10% de sus ventas a las FFAA.
Cuando el año 2010 las mineras privadas controlaron la administración de Codelco, aprovecharon la ocasión para avanzar en su proyecto privatizador. Mediante un sencillo plan: destruir económica y financieramente a Codelco, creando artificialmente la necesidad de su privatización para salvar la empresa. Con el mismo objetivo conseguirían la derogación del 10% de las ventas a las FFAA, con el pretexto de destinar esos recursos para salvar a Codelco de la quiebra. Quiebra a la que conduce el elevado endeudamiento y la colosal caída de los ingresos.
Con el mismo objetivo se ideó otro plan sibilino. Programar colosales inversiones por alrededor de US$ 27 mil millones a objeto de aumentar la producción de Codelco en poco más de 400 mil toneladas de cobre. Decisión aberrante: las mineras extranjeras invirtieron –entre 1990 y 2013– cerca de US$ 25 mil millones, ¡pero aumentaron la producción en 4 millones de toneladas!
Ahora, en Codelco, quieren invertir más que las privadas en su conjunto, para producir 10 veces menos.
Invertir US$ 27 mil millones, dizque para aumentar la producción, principalmente en forma de concentrados, es parte del plan para destruir Codelco.
Estas injustificadas inversiones, excepción hecha de Chuquicamata subterránea, llevarían a la quiebra de Codelco.
Entre los proyectos de inversión se encuentra la Ampliación de Andina y Radomiro Tomic sulfuros, para exportar el aumento de producción en forma de concentrados. Invertir miles de millones de dólares para exportar concentrados es un retroceso brutal que debiese ser rechazado por cualquier mente sana.
3.- Las malas noticias no paran ahí: el 11 de julio, en el 45º Aniversario de la Nacionalización del cobre, Nelson Pizarro llamó a un acuerdo nacional para el desarrollo de Codelco, en el entendido que el Estado debiera preocuparse de destinar más recursos para su capitalización y poder así financiar las cuantiosas inversiones programadas. Todo aparece como un objetivo muy loable, mantener el liderazgo de Codelco en la producción de cobre.
El Mercurio del 21 de julio pasado dice que el sector minero –de forma transversal– llama al Estado a subsanar la falta de caja de Codelco para financiar su plan de inversión, y da cuenta de la opinión en ese sentido de algunos expertos que son a la vez destacados lobistas de las grandes mineras, como Jorge Bande, Gustavo Lagos y Juan Carlos Guajardo.
En el mismo diario, una información del 23 de julio se refiere a un llamado de economistas del PPD, para eliminar el 10% de las Ventas de Codelco a la FFAA, y destinar esos fondos a las necesidades de inversión de la Corporación.
Así, el círculo se cierra. Derogar la atribución del 10% de las ventas a las FFAA es el objetivo que siempre han perseguido las transnacionales mineras, como paso previo a la privatización de Codelco. Baste con precisar que entre los economistas del PPD que solicitan la derogación figuran dos lobistas de la minería privada, Iván Valenzuela y Alvaro García.
Las transnacionales mineras ya desvalijadron Codelco. Ahora van por más, y quieren que el propio Estado las ayude a destruir Codelco. Solo queda esperar que en el gobierno se enciendan las alarmas, y, mientras las mineras privadas administren Codelco, no le entreguen un solo dólar para financiar inversiones innecesarias. Y que el Ministerio de Hacienda no la autorice a seguir endeudándose.
¿Pero quién podría hacerlo en el gobierno? ¿Quién denunciará este plan en el Parlamento?
Por Julián Alcayaga
FUENTE: EL DIARIO DE ANTOFAGASTA
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