El Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), que hoy cuenta con 26 sedes a nivel nacional, antes de su privatización prestaba una función pública, tenía atención que superaba los 120.000 trabajadores y jóvenes al año. INACAP fue creado en 1966 por el estado, como corporación sin fines de lucro desde sus inicios, controlado por la CORFO, en coordinación con el MINEDUC, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Universidades Publicas..
Al término de la dictadura de Pinochet, esta institución de capacitación laboral fue privatizado a los grandes empresarios. El traspaso, en 1989, mediante decreto militar, fue desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), los grandes empresarios del país. Según una investigación de CIPER, la privatización de INACAP implicó un inmenso daño estimado en unos 500 millones de dólares, propiedad de todos los chilenos.
La entrada al mercado educativo de INACAP fue alertada por los trabajadores, que ya en 1990 el Sindicato Nacional de Trabajadores de INACAP, señalaban que le entrega de esta institución que realizaba funciones de capacitación a jóvenes, mujeres, obreros, para mejorar sus salarios, quedaba en manos de los gremios empresariales más poderosos del país, donde los más perjudicados no solo fueron los empleados de dicha institución, sino el conjunto de los trabajadores del país que se calificaba para mejorar sus condiciones de vida.
INACAP es una institución que en su historia tiene una gran experiencia estatal en la formación superior técnica y profesional, que tuvo un carácter público en su momento administrado por la Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), y luego con el CORFO.
La privatización de esta institución termino en manos de la Confederación de Producción y el Comercio (CPC), perdiendo su carácter público y cayendo al servicio de la educación de mercado, donde crearon sociedades anónimas en cada sede a nivel nacional.
La estatización de INACAP puede volverse central en la discusión, en el sentido del rol estatal en la educación superior, y en la enseñanza técnico profesional.
Este debate se abre en el marco de la creación en las regiones de Coquimbo, Antofagasta, Maule, Araucanía, Angol, Los Rios y Magallanes de los centros de formación técnica (CFT) de un total de 15 centros, que deberán ser entidades sin fines de lucro para acceder a la “gratuidad” propuesta por el Gobierno. Cada centro de formación deberá estar al alero de universidades y vinculación establecimientos de enseñanza media técnico profesional, todo el marco de la política nacional de formación técnica profesional de Bachelet.
Sin embargo, hay enormes poderes detrás de INACAP, y no lo entregarán. Tampoco es el objetivo de Bachelet devolver INACAP al Estado, sino crear centros estatales junto a las grandes empresas de educación y formación.
La estatización de INACAP, sin ningún pago a sus actuales "dueños", y administrada por trabajadores, sindicatos y estudiantes, sólo puede venir de la movilización y organización de jóvenes y trabajadores, para poner la formación al servicio de sus intereses y no de las ganancias de esos mismos empresarios.
Luis Alvarado
FUENTE: LID
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