La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica ha dado a conocer un documento donde analiza la grave situación de reiteradas violaciones y atentados a los derechos humanos ocurridos durante este año.
En contraste con el descenso de las afectaciones a civiles derivadas del conflicto armado interno (Fuerza Pública – Paramilitares e Insurgencias armadas), desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica hemos evidenciado el incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de defensores de Derechos Humanos en el país, lo cual se expresa en las siguientes cifras: en el año 2016 se han presentado 72 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados, contra este grupo poblacional.
Entre el 8 de septiembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2016, ciento veinticuatro 124 compañeros de la Marcha Patriótica han sido asesinados, en hechos cometidos en 19 departamentos y en donde entre los presuntos responsables se encuentran Agentes Estatales: Policías y Militares y Paramilitares. Dos (2) compañeros han sido desaparecidos forzadamente y tres (3) han recibido atentados con arma de fuego en contra de su vida. Tan solo en el año 2016 se ha presentado el asesinato de 18 compañeros de Marcha Patriótica.
Causa especial preocupación que entre los meses de Agosto y Noviembre, se presentara sistemáticamente el homicidio de treinta y dos (32) Defensores de Derechos Humanos (Campesinos, Indígenas, Afro descendientes y pobladores de zonas urbanas) los cuales han muerto en los siguientes departamentos: 9 en el Cauca (Almaguer, Sucre, Corinto y Caloto), 7 en Nariño (Policarpa, Tumaco, Barbacoas y Magui Payan), 1 Tolima (Coyaima), 1 Cesar (Chiriguana), 1 Magdalena (Cienaga) 1 Bolívar (San Pablo), 1 Guajira (Rioacha), 1 en Norte de Santander (Cucuta), 3 en Antioquia (Barbosa, Puerto Valdivia y Segovia), 3 en Córdoba (Montelibano, Canalete, Tierra Alta), 1 Guaviare (San José del Guaviare), 1 Caquetá (San José del Guaviare), 1 Meta y 1 Choco.
De los homicidios se resalta que son hechos cometidos por hombres fuertemente armados y han sido precedidos por amenazas directas o indirectas y que en dos casos en particular han ocurrido por integrantes del ejército nacional, quienes pretenden presentar a los campesinos como dados de baja en operaciones realizadas en contra de integrantes del ELN.
De otra parte, el accionar paramilitar en el territorio nacional se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia del ELN que eventualmente inician en su fase publica en los próximos días.
En lo que va corrido del año 2016, nuestra comisión de Derechos Humanos ha reportado la Presencia paramilitar de Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, ejercito anti restitución de tierras y Águilas Negras en amplias regiones del territorio nacional, quienes desarrollan retenes y control paramilitar sobre vías intermunicipales y veredales, amenazas de muerte (panfletos, llamadas, sufragios, cabeza de perro degollada), imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad, asesinatos selectivos, masacres, torturas, confinamiento y desplazamientos forzados en: Meta (Puerto Rico, Vista Hermosa, El castillo y Mapiripan), Guaviare, Norte de Santader (El Zulia, Ocaña, Tubu y Cucuta), Santander (Barrancabermeja), Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba Puerto (Libertador y Tierra Alta), Antioquia (San José de Apartado, Puerto Valdivia, Segovia y El Bagre), Tolima (Planadas y Coyaima), Caqueta, Choco (Tumarado, Curvarado, Truando, Pavarando, Mutata, Salaqui y Cacarica), Cauca (El Tambo, Argelia, Patía, Caloto, Corinto, Miranda, Caldono, Bolivar, Almaguer y Popayán), Nariño (Tumaco), Valle del Cauca (Buenaventura, Trujillo y Tuluá) y Putumayo (Puerto Asís y Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazonica).
Por su parte la fuerza pública continúo su Represión Militar y Policial a la movilización social en Bogotá, Caquetá, Putumayo, Choco, Guaviare, Antioquia, Sucre, Bolivar y Cauca. Y se han presentado privaciones masivas de libertad de campesinos en Putumayo, Norte de Santander y Caquetá.
Patrones de persecución al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Desde su lanzamiento la Marcha Patriótica ha sido una propuesta política y social duramente señalada y perseguida sistemáticamente por el establecimiento, siendo nuestros integrantes víctimas directas de una estrategia sistemática de estigmatización, señalamiento, persecución política e impunidad que pretende legitimar acciones de intimidación, eliminación y afectación física y la privación indebida de la libertad de nuestros integrantes que se corresponde con prácticas que han caracterizado la historia de exclusión política del régimen político colombiano.
Hemos identificado los siguientes – principales – patrones de persecución en contra de nuestro Movimiento:
1. El lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos para criminalizar al proceso organizativo.
2. El asesinato, los atentados, las torturas y las desapariciones forzadas de dirigentes locales y regionales en distintas zonas del país. Entre el 8 de septiembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2016, ciento veinticuatro 124 compañeros de MAPA han sido asesinados, en hechos cometidos en 19 departamentos y en donde entre los presuntos responsables se encuentran Agentes Estatales: Policías y Militares y Agentes Paramilitares. Tan solo en el año 2016 se ha presentado el asesinato de 18 compañeros. Igualmente se han presentado 25 atentados, 13 casos de Tortura, 93 personas heridas en el marco de proceso de movilización, y 4 casos violencia Sexual
3. La amenaza directa por parte de grupos militares y paramilitares. A la fecha han sido emitidas más de 176 amenazas individuales a líderes (incluidos voceros nacionales, integrantes de direcciones Nacionales y Departamentales e integrantes de organizaciones de base) y 32 amenazas colectivas dirigidas a organizaciones sociales que hacen parte de Marcha Patriótica.
4. Los allanamientos arbitrarios, seguimientos y los robos de información.
5. Las detenciones arbitrarias de integrantes de la Marcha Patriótica y miembros de sus estructuras directivas a través de recurrentes montajes judiciales. Entre los miembros de Marcha Patriótica, se tiene un registro inicial de 320 vinculados a procesos judiciales acusados de Rebelión y de otros delitos conexos, de los cuales por lo menos 106 permanecen recluidos en centros penitenciarios, 138 se encuentran en detención domiciliaria y/o libertad condicional, 16 fueron detenidos ilegalmente sin requerimiento judicial alguno y posteriormente puestos en libertad y por lo menos 15 han sido absueltos de los cargos que les han sido imputados después de pasar años enteros tras las rejas.
6. Asimismo, contamos con un subregistro de 11 casos de desaparición forzada e involuntaria y desplazamientos forzados individuales y colectivos
7. Los intentos institucionales por acabar con la vida política de nuestros voceros nacionales Carlos Lozano Guillen, David Flórez, Andrés Elías Gil Gutiérrez y Piedad Córdoba Ruiz, a través de montajes judiciales y/o procesos disciplinarios parcializados.
8. La impunidad en que se encuentran los hechos cometidos en contra de integrantes de MAPA por parte de miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
Estos patrones de persecución están edificados sobre la base de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, han sido denunciados públicamente y se han adelantado acciones judiciales y políticas para la exigencia de garantías políticas; no obstante, la situación continua y se incrementa poniendo en entredicho la existencia de verdaderas garantías para el ejercicio de la oposición y la participación política en Colombia, en contravía de los postulados democráticos contemplados por la Constitución Política de 1991.
A su vez, cada una de las acciones mencionadas son constitutivas de tipos penales y disciplinarios que aunque deben ser investigados y sancionados a la fecha se mantienen en la impunidad, al tiempo que algunas implican violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al principio de distinción de la población civil establecido por el Derecho Internacional Humanitario.
Nuestros años de historia como Movimiento Político y Social evidencian que en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (tomando como referencia bienes jurídicos protegidos) se han presentado en nuestra contra hechos de Violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal y a la intimidad y al domicilio. Lo que en el marco de la normatividad nacional e internacional nos permite afirmar que se viene implementando un genocidio en el que se han orquestado y desarrollado acciones sistemáticas que buscan el exterminio de nuestro Movimiento político y social, motivados por razones políticas.
Ante la reciente ola de amenazas y asesinatos en contra de víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y la negativa del gobierno nacional a aceptar la existencia y continuación del fenómeno paramilitar y avanzar en garantías para el movimiento político, social y popular dirigidas a prevención, investigación y protección de hechos relacionados con vulneraciones a Derechos Humanos, llamamos a todos los demócratas del mundo, a los colombianos y colombianas, a los movimientos sociales, a las centrales de trabajadores, a las iglesias, a los empresarios y a los movimientos y partidos políticos, a unirnos en un Frente Común por la Paz, la Solución Política y la Asamblea Nacional Constituyente, para pactar una Colombia con una paz estable y duradera, con garantías plenas a la oposición, la justicia social y la democracia.
FUENTE: Resumen Latinoamericano/ 22 noviembre 2016.–
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