El 27 de Marzo pasado termina el juicio a
Emilio Berkhof. Imputado por los delitos de robo con intimidación, incendio y porte ilegal de arma y municiones. Juicio
que Termina con fallo condenatorio por porte ilegal de armas y municiones
mientras es absuelto por las demás acusaciones. La defensoría penal pública
apela a la corte suprema frente al fallo del tribunal de Cañete basando su acción legal en la absoluta
inexistencia de un debido proceso legal y la vulneración de los derechos del
acusado a manifestar cercanía a una determinada idea política. La corte suprema
determina que la apelación se realizara en la Corte de Concepción cerrando así
las puertas del máximo tribunal del país.
Cuando hablamos de juicio
político ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente?
En chile los juicios de carácter político han
existido en regímenes autoritarios en los que quedan anulados las garantías
constitucionales y los tratados de Derechos Humanos internacionales adscritos
por el Estado. Durante la dictadura los juicios políticos siguieron un cause mediático
que justificaron la brutalidad del régimen instalado. Desde el término de ésta,
los juicios políticos se han venido sucediendo uno tras otro como forma de
contención del crecimiento de ideas abiertamente contrarias al Estado y al
modelo económico. Precisamente es el caso en que se encuentra Emilio Berkhof.
Consideremos que primeramente fue acusado en
forma directa por el ministro de la época Andrés Chadwick de ser líder de la
organización CAM. Declaraciones que no tenían fundamento jurídico alguno y que
solo sirvieron de empaquetadura mediática para llevar a Berkhof a estar un año y medio en prisión preventiva.
A lo anterior se suma la inclusión en el
proceso de los denominados testigos protegidos o testigos sin rostro. Si bien
es cierto el código procesal penal vigente en el país considera la utilización
de tales, los acota a muy determinados casos.
Fueron considerados alrededor de 90 testigos protegidos
en el juicio a Emilio Berkhof. De esto podemos concluir la envergadura con que
el gobierno anterior y el actual han querido entregar un mensaje a la
ciudadanía tergiversando la propia ley penal.
Después de largos alegatos frente a la
utilización de estos testigos la Corte decretó que estos no sería utilizados
pero con posterioridad fueron incluidos bajo una figura cuasi metafórica: los testigos de
oídas. Todos pertenecientes a las instituciones de carabineros y brigada de
investigaciones policiales Por otra parte las pruebas del ministerio público
que comprobarían la culpabilidad de
Emilio Berkhof en los delitos
imputados incluían cuadernos de notas con supuestas consignas en contra de
la instalación de empresas forestales y
la abierta adhesión del imputado a la causa mapuche de reivindicación de
tierras.
Sumando
elementos que fueron conocidos desde ambos lados de la prensa: la
independiente y la que guarda aún las viejas formas de colusión con la clase política o que abiertamente está en manos de grupos económicos con claros intereses de blindar a poderes facticos,
Emilio Berkhof fue sometido a juicio.
Dadas las consideraciones anteriores es imposible
no concluir que el juicio a Berkhof
adolece de todo apego a la ley. A esa ley que se considera independiente de los
demás poderes del Estado. A esa ley que se supone objetiva y que falla en base a argumentos
legalmente fundados.
Las verdaderas causas que llevan a Emilio Berkhof a convertirse en un criminal,
ajusticiado primero mediáticamente por la prensa y después por los supuestos garantes del
sistema que ha corrompido las bases del ordenamiento y procedimiento legal
penal, son desde cualquier punto de análisis causas políticas.
Políticas en cuanto se enjuicia al imputado por
su simpatía a determinadas ideas, en cuanto
se enjuicia en base a su adhesión a una
determinada corriente de pensamiento
emancipatorio. Políticas en cuanto son manipuladas a un punto tan
brutalmente aplastante que las pruebas y testigos utilizados por el ministerio público
y querellantes son agentes del Estado cuya función también está estrictamente
determinada por ley y que a lo menos su calidad de testigos dentro de un
proceso penal es cuestionable. La concurrencia de todas las irregularidades en el juicio a Emilio Berkhof solo dejan lugar a la transformación de los
procesos penales en herramientas de ejemplificación pero no ajustados a una ejemplificación delictual, sino más
bien a una ejemplificación de carácter de
neutralización. A una ejemplificación para el resto de la ciudadanía del
castigo frente a la libertad de
pensamiento y opinión.
Las grietas que ha mostrado el largo proceso por el cual Emilio Berkhof
ha sido convertido en ejemplo del sistema legal utilizado como
herramienta de ideología autoritaria, son claras y evidentes. Estas
grietas han sido abiertas por una política de persecución que se enmascara en
procesos judiciales arbitrarios y recusables.
Hoy en los tribunales de concepción se dará
inicio a los alegatos por la nulidad del juicio. Y así como el Estado ha
convertido este juicio en un
ejemplo de domesticación ideológica,
esperamos que las grietas que se han abierto para corromper todo el sistema penal se conviertan en grandes aberturas por donde las
políticas de persecución caigan al vacío
y por donde la inmediatez de la condena mediática ponga fin a su
condición de aliada de la clase política persecutoria.
A Emilio Berkhof se le condena por sus ideas nunca por sus
actos. A Emilio se le convierte en ejemplo de ensañamiento político que busca
un último y único fin: neutralizar cualquier idea que atente contra la
ideología dominante, En busca de este fin el propio Estado ha suprimido su más
grande argumento de orden, el Estado de
Derecho.
El juicio a
Berkoff es la prueba de que dicho
Estado no existe y que es conveniente como discurso cuando la clase dominante así
lo necesite y que cuando ésta no lo requiere es
completamente prescindible.
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