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as duras penas de prisión de entre cuatro y 30 años dictadas contra 11 campesinos paraguayos involucrados en la masacre de Curuguaty es lamentable por la falta de pruebas en su contra, dijo a Sputnik Nóvosti el abogado defensor Víctor Azuaga.
"La sentencia fue lamentable, deja muy mal parada a la justicia paraguaya porque el tribunal la dictó en base a una acusación presentada por la Fiscalía y no fue por la vía de la ampliación de la justicia; cuando estaba terminando el proceso no le dio la oportunidad a la defensa de contrarrestar la versión de la Fiscalía", señaló Azuaga.
El proceso concluido el lunes se refirió exclusivamente a las muertes de los seis policías, mientras que el expediente por los 11 campesinos asesinados no ha avanzado y no hay ningún oficial de policía imputado por participar en estos hechos.
El defensor, quien solicitó la nulidad de la sentencia porque una de las condenadas no estuvo presente el lunes en la lectura del fallo, denunció la falta de pruebas en el proceso.
Se condenó a los 11 campesinos "en base a testimonios y ninguno pudo confirmar la presencia de los procesados en la causa", señaló.
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La prueba de la parafina sirve para comprobar la existencia de residuos de pólvora que se quedan en las manos de quien dispara tras la deflagración del arma de fuego.
Desde el lunes Azuaga permanece, junto con otros abogados defensores, en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de Asunción, en protesta por la condena impuesta a los campesinos por los delitos de homicidio doloso e invasión de inmueble, entre otros.
"Estamos solicitando comunicarnos con el juez del caso y, dependiendo de eso, levantaremos la medida de protesta", señaló a esta agencia Azuaga, quien advirtió que si no les atienden permanecerán allí hasta el lunes, fecha en la que se leerá la sentencia de forma íntegra.
Este caso, cuya investigación ha estado llena de irregularidades según denunciaron la defensa de los campesinos y organizaciones civiles, motivó un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012), que culminó con su destitución.
De quién son las tierras
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"Aún no se ha podido comprobar la titularidad de la tierra, no hay una sentencia definitiva del caso", aclaró.
En 1967, en plena dictadura militar de Alfredo Stroessner, esos terrenos fueron donados por una empresa a la Armada paraguaya.
La marina ocupó esas tierras hasta 1999 y más tarde, en 2004, el Gobierno emitió un decreto para declararlas de interés social con el objeto de afectarlas a un proceso de reforma agraria.
Fue entonces cuando el empresario Blas Riquelme, exsenador del conservador Partido Colorado, comenzó un juicio alegando que esas tierras le pertenecían.
"Cuando sale el decreto de 2004, la Armada se retiró y paralelamente comenzó el juicio de la familia Riquelme para poder llevarse las hectáreas", añadió Azuaga, quien aclaró que "hasta hoy en día el caso está en la justicia ordinaria y, por tanto, todavía no se puede definir la titularidad de las tierras".
Cuatro de los 11 campesinos condenados el lunes a cuatro años de reclusión quedaron el martes en libertad al haber cumplido ya la condena, pues estaban presos desde 2012.
FUENTE: SPUTNIK
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