Después del desalojo del 1 de julio en diferentes instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tomadas por estudiantes en rechazo a los planes que atacan la educación pública, académicos y estudiantes salen masivamente a repudiar la represión de las autoridades y del gobierno de Juan Orlando Hernández.
A pesar de las órdenes de captura en contra de dirigentes estudiantiles dictadas por el Ministerio Público (MP) y en complicidad con las autoridades universitarias que encabeza la rectora Julieta Castellanos, los estudiantes salieron el pasado domingo 10 de julio en una masiva movilización contra la represión y los planes de privatización dentro de la casa de estudios.
Los estudiantes agrupados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) han denunciado que después del violento desalojo en la UNAH el 1 de julio, donde hubo decenas de detenidos, no ha cesado el acoso y criminalización contra su lucha, con por lo menos 75 órdenes de captura para estudiantes y algunos de los dirigentes estudiantiles del MEU.
En asambleas estudiantiles informativas de las últimas semanas se discuten las acciones a seguir después de esta masiva jornada de movilización, que también contó con la participación de intelectuales y académicos reconocidos.
Algunos dirigentes estudiantiles han manifestado que luego del desalojo, su lucha se ha fortalecido logrando el apoyo de más sectores dentro de la universidad y de la sociedad. Reiteraron que el movimiento está en disposición de dialogar con las autoridades universitarias, siempre y cuando se cumplan las condiciones que han expuesto en su propuesta de diálogo, la cual incluye la cancelación de las órdenes de aprehensión.
“Nosotros no podemos sentarnos a dialogar con las autoridades universitarias cuando tenemos la presión de contar con estudiantes universitarios criminalizados, estudiantes que tienen orden de captura, requerimientos fiscales y un pie para estar en la cárcel por delitos graves como sedición”, expuso un estudiante de la UNAH.
Después de la masiva e histórica movilización del pasado fin de semana, reiteraron que el conflicto estudiantil se va a resolver en el interior de la comunidad universitaria, incluyendo de manera mayoritaria a estudiantes y docentes.
Esto, como respuesta a las declaraciones de la aún rectora Julieta Castellanos, que señaló en medios internacionales -como CNN- que frente a conflictos estudiantiles no es la primera vez que se recurre a la fuerza del Estado, en referencia a la represión del gobierno mexicano y las autoridades al Consejo General de Huelga (CGH) que mantuvo una huelga de 10 meses en defensa de la educación pública y gratuita en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las autoridades de la UNAH, tienen como referente al régimen y el partido de las grandes masacres estudiantiles en México. En el año 2000, El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sostuvo una política de criminalización contra los estudiantes en colusión con las autoridades y la rectoría de la UNAM, no encontró otra salida para terminar con el proceso estudiantil que no fuera por medio de la fuerza y la bota represiva de la Policía Federal Preventiva (PFP) desalojando a los huelguistas y violando también la autonomía universitaria.
Ahora, ante la intransigencia de las autoridades al no querer escuchar el justo reclamo de miles de estudiantes, es necesario mantener los principios políticos que demandan el cese y cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión a los estudiantes. Esto como la principal demanda para establecer el diálogo público en favor de la resolución del conjunto de sus reivindicaciones por educación pública y de calidad.
Pero además, los estudiantes han señalado correctamente el rechazo de la injerencia de los partidos políticos del régimen en el conflicto. Así como la exigencia de desmilitarizar las instalaciones de la universidad como una garantía para encaminar la resolución al conflicto, ya que de lo contrario no se sentarán a negociar con nadie.
Al inicio de la semana se han realizado asambleas estudiantiles informativas para decidir las acciones a seguir en la UNAH, la cual cuenta con más de 70 mil estudiantes inscritos. Los estudiantes han ubicado como elemento principal dela discusión, la actual situación de los estudiantes que se encuentran amenazados con ser enviados a prisión, según han informado defensores de derechos humanos y abogados que los acompañan.
Las medidas arbitrarias tomadas por la rectora y las autoridades universitarias se suman al contexto de rechazo a las últimas medidas implementadas por el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, en materia de salud. Así como la continúa crisis de Derechos Humanos en el caso del asesinato de la indígena y ambientalista Berta Cáceres y el reciente homicidio de Lesbia Yaneth Urquía.
Toda esta situación mantiene en el tintero el retiro del apoyo militar de Estados Unidos a Honduras, por medio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Mientras el gobierno y las autoridades de la UNAH mandan a sus comandos policiales militarizados a reprimir, el movimiento estudiantil conquista mayor respaldo de la población hondureña, mostrando masivamente su rechazo a las diferentes acusaciones -entre las que se encuentra la acusación por delito de sedición contra los universitarios-, y cuya exigencia se debe extender al conjunto del sector educativo y demás sectores de trabajadores en Honduras.
Mientras el gobierno y las autoridades de la UNAH mandan a sus comandos policiales militarizados a reprimir, el movimiento estudiantil conquista mayor respaldo de la población hondureña, mostrando masivamente su rechazo a las diferentes acusaciones -entre las que se encuentra la acusación por delito de sedición contra los universitarios-, y cuya exigencia se debe extender al conjunto del sector educativo y demás sectores de trabajadores en Honduras.
FUENTE: LID
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