La deplorable situación de las pensiones pagadas por las AFP, ha roto los márgenes de lo aceptable y ha explotado con la contundente acción de miles de personas, quienes se han manifestado en diversos lugares de todo el país. Estas movilizaciones, traen consigo el relato de años de trabajo en organización y discusión orientado a construir un sistema de pensiones capaz de financiar una jubilación digna, entre otros debates que se han dado al calor de más de dos Congresos de la Coordinadora Nacional de trabajadores por la seguridad social NO+AFP. En lo inmediato, esta coordinadora ha convocado una nueva movilización familiar para el 16 de octubre y a un Paro Nacional para el 4 de noviembre.
Los datos son devastadores, 9 de cada 10 pensiones pagadas por las AFP en la modalidad vejez edad retiro programado, no superan los $157.255 y las proyecciones de la Comisión Bravo[1] señalan que: al año 2030, el 60% de las pensiones de vejez autofinanciadas estarán por debajo de la línea de la pobreza, cuestión que cambia al incorporar el Aporte Previsional Solidario, dejando un panorama donde el 91% de las pensiones pagadas se ubicará por sobre la línea de la pobreza, pero debajo del salario mínimo.
Poco hablan las AFP de sus propias ganancias o rentabilidades, prefieren enfatizar en unapropuesta para mejorar el modelo mediante un fuerte incremento de gasto para el Estado, cuestión que sería innecesaria en este momento con un sistema de reparto. Lo que la industria de AFP pide es un subsidio del Estado, uno cada vez más grande, para que como negocio puedan seguir operando. Este subsidio toma forma de pensión, pues es necesario para quienes nunca cotizaron en una AFP y para quienes, pese a haberlo hecho, no logran financiar una pensión por sobre lo que el Estado ha definido como su punto máximo de aporte. Claro que, para acceder a una pensión, en estos dos casos, el Estado debe revisar si se cumplen ciertos requisitos, pues para recibir las Pensiones Solidarias no basta con ser “ciudadano”, se debe ser pobre. El Estado no financia un derecho, financia una asistencia.
Si se financiara un derecho, entonces, se comprendería que los adultos mayores son trabajadores que han pasado a su etapa pasiva, contexto en el cual le exigen a la sociedad un ingreso para seguir sosteniendo su consumo y dignidad personal, en sintonía con una sociedad que logra reconocer a todos sus miembros una base digna sobre la cual desarrollar su vida. Dicho ingreso, como derecho, es el que se deriva de una vida de contribución mediante el trabajo y del nexo de un sujeto con la sociedad. En el caso de que lo financiado sea una asistencia, el criterio para otorgarla puede ser focalizado, como en el caso chileno, donde la pensión del Estado se financia para 60% más pobre de la población. Las AFP proponen aumentar este financiamiento en cobertura y monto, esto no significa reconocerlo como derecho, sino seguir retocando la precaria asistencia social.
Transformar profundamente el modelo de AFP y avanzar al reparto solidario, permitiría aumentar las jubilaciones actuales y, además, engrosar un Fondo de Reserva de pensiones para enfrentar el envejecimiento de la población en 20 o 30 años más, cuando la razón entre cotizantes y pensionados llegue a bordear los 2 cotizantes por cada jubilado. Se debe considerar que estos cambios en el largo plazo exigen a la sociedad modificaciones en la estructura del desarrollo productivo. Todo esto implicaría que el aporte del Estado para financiar pensiones podría traducirse en el aumento del Fondo de Reserva y de esa forma acompañar cada vez con mayor intensidad las pensiones contributivas, es decir, las pagadas por las cotizaciones de trabajadores y empleadores, y las no contributivas, es decir, las pagadas mediante impuestos generales.
Hasta ahora, el Estado actúa como protector de los mercados concentrados y restringidos, despojando de sus derechos sociales a millones de chilenos y garantizándolos para la acumulación privada de unos pocos. De esta forma se ha convertido un derecho en un negocio, en ese ámbito, mejores pensiones, necesariamente implica: NO MÁS AFP. Lo anterior se ha planteado en las movilizaciones sociales y bien se puede verificar mediante las proyecciones de la propia Comisión Bravo. Dicha Comisión, ha señalado que entre la década del 2025 y 2035 el 50% de las personas que se jubilen recibirán una tasa de reemplazo igual o inferior al 21,9% del promedio de sus ingresos durante los 10 años anteriores a su jubilación.
A nivel global existen debates y consensos en materia de pensiones. Estos, han surgido luego de grandes transformaciones económicas y sociales, dando origen a orientaciones para diseñar sistemas de seguridad social. Estas orientaciones se plasman esencialmente en Convenios que emanan de instituciones reconocidas como fuentes de derecho internacional, un ejemplo es el Convenio N°102 de la OIT, que desde mediados del siglo XX se reconoce como norma mínima en materia de seguridad social. Ahora bien, aun cuando dicho instrumento existe, no ha sido ratificado por Chile, por lo cual no es obligatorio, quedando como una herramienta aún lejana.
En resumen, ha sido la movilización de familias e individuos que viven de su trabajo, la que ha podido instalar como tema la problemática de la seguridad social en Chile. Esto no es algo extraño en la historia, así fue en los fines del siglo XIX cuando la Alemania autoritaria de Bismarck, accedió a configurar un sistema de seguros para impedir el desarrollo y crecimiento de movimientos socialistas, comunistas o anarquistas, los cuales se nutrían de espacios de autorganización para gestionar seguridad colectiva u organizaban huelgas orientadas a la obtención de un marco mínimo de protección en el cual el Estado y empleadores tuvieran participación. Hoy en día, cuando la seguridad social chilena se aprecia ausente, resulta del todo coherente el llamado a la marcha familiar el día 16 de octubre y a paralizar el día 4 de noviembre, pues la respuesta al problema de los trabajadores y sus pensiones depende de cómo se moviliza la mayor fuerza que tiene la sociedad, su trabajo.
Columna escrita por Recaredo Gálvez, Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Presidente de la Federación de Estudiantes Universidad de Concepción (FEC) 2012 e integrante mesa ejecutiva CONFECH, el mismo año asume Vocería Zona Sur. Secretario General FEC 2011. Colaborador en Escuela Sindical de la Universidad de Concepción. Exposiciones en diversos congresos internacionales respecto de Movimientos sociales y temáticas vinculadas a Educación. Actualmente cursa Magister en política y Gobierno en Universidad de Concepción.
[1] Comisión Asesora Presidencial sobre sistema de Pensiones. Conocida también como “Comisión Bravo”, sesionó entre 2014 y 2015. La información señalada se puede encontrar en los informes de Antecedentes de la Comisión, disponibles en su página web: www.comision-pensiones.cl
Por: Equipo Caminando
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