Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
La PGR de México restó validez a un informe hecho por una de sus instancias que indica que el Gobierno mantuvo en secreto anomalías de la investigación de Iguala.
La Procuraduría General de la República (PGR) de México restó el viernes validez legal a un informe elaborado por una de sus instancias, según el cual, el Gobierno mantuvo en secreto numerosas irregularidades en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
Dicho informe, de 177 páginas y terminado en agosto, es una auditoría interna a la investigación que hizo la PGR y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia.
De acuerdo a las declaraciones de la periodista mexicana Anabel Hernández a EFE, el informe de la Visitaduría General (Asuntos Internos) de la PGR relaciona a la propia institución con la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y apunta que militares, marinos y policías torturaron para obtener confesiones.
La periodista que ha investigado por dos años el caso de los 43 estudiantes desaparecidos asegura que "Esa noche ocurre un evento donde participa el Ejército, que coordina como mando supremo todas las autoridades, el alcalde, la Policía Federal, estatal y municipal", dijo la también autora del libro "La verdadera noche de Iguala".
Según su investigación, que coincide con la hecha por una organización independiente, fue el Ejército el que ordenó parar dos autobuses tomados por los estudiantes, pues llevaban un cargamento de heroína valorado en dos millones de dólares. Pero, como indica la versión oficial, los 43 jóvenes fueron arrestados por policías municipales de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero.
No obstante, la periodista afirma que fue el Ejército el que tomó el control de la situación, siguió órdenes de un capo local desvinculado de Guerreros Unidos y desapareció a los jóvenes para eliminar testigos. "Hay casquillos que prueban la participación armada del Ejército. El Ejército disparó esa noche y el Gobierno lo ha negado", resaltó.
Prueba de ello son los peritajes de balística de esa noche, con casquillos y perforaciones en varios vehículos con balas fabricadas por la Secretaría de la Defensa, agregó. "En vez de procesar (a funcionarios implicados), el Gobierno mexicano decidió hacer una operación de encubrimientos, que es otra etapa del crimen", denunció Hernández.
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FUENTE: HISPANTV
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